El ejército colombiano muestra a los medios de comunicación el armamento y los cuerpos de guerrilleros de las FARC muertos tras un enfrentamiento en la localidad de La Plata

Las armas ilegales desangran Latinoamérica: más de 140.000 personas mueren tiroteadas cada año en la región - Los “narcos” han reemplazado a las guerrillas en el negocio - Nicaragua es un gran punto de entrada.

Por Fernando Gualdoni / Javier Lafuente para elpais.com (Madrid), 25/05/2009

Los recientes juicios contra dos de los más conocidos traficantes de armas, el ruso Víktor Bout -alias El Mercader de la Muerte- en Tailandia (pendiente de extradición a EE UU para agosto) y el sirio Monser al Kassar (condenado en febrero a 30 años de prisión en Nueva York), han revelado lo sencillo que es meter armas ilegalmente en América Latina, el papel crucial que desempeña Centroamérica, en especial Nicaragua, en este negocio, y la amenaza que supone que un país como Venezuela fabrique sus propios fusiles y municiones.

Para detener a Bout y Al Kassar, la agencia antidroga estadounidense alegó que ambos intentaron vender lanzamisiles portátiles tierra-aire rusos SAM a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La ruta prevista para ambas operaciones era similar: las armas partían desde Rumania o Bulgaria y entraban por Nicaragua. Desde el país centroamericano se iban a arrojar con paracaídas sobre territorio colombiano.

"No hay pruebas de que el Gobierno de Ortega sea cómplice del tráfico, pero sin duda el país tiene enormes lagunas legales que facilitan el tráfico ilegal", dice Roberto Orozco, experto nicaragüense del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas. "Es verdad que no se puede afirmar que Managua esté directamente involucrada, pero hay que recordar que Ortega ha dado cobijo a narcoterroristas de las FARC", replica el colombiano Alfredo Rangel, director de la Fundación Seguridad y Democracia en Bogotá.

Los puertos nicaragüenses están entre los mayores coladeros de armas en la región, según fuentes de Defensa de EE UU. "En especial el puerto de Corinto", apunta Orozco. "Es el único de aguas profundas y está controlado por el Ejército y la policía, que hace la vista gorda. No hay estadísticas fiables sobre la cantidad de barcos que atracan allí, pero no hay que pensar en veinte o treinta, con dos o tres bien cargados es suficiente para abastecer al mercado de miles de armas", añade.

Hay más de 80 millones de armas ilegales en América Latina, según el Centro para la Información de Defensa (CID) de Washington. Cualquier criminal, hasta el más imbécil, tiene acceso a una pistola y hasta a un fusil. Ni hablar de las narcoguerrillas y el crimen organizado, éstos se hacen con un lanzacohetes como cualquier español con una barra de pan.

Los datos son brutales. La tasa de homicidios -140.000 al año, según el Banco Mundial- es más del doble del promedio mundial. Varios países tienen un índice de crímenes por cada 100.000 habitantes más que alarmante: Brasil, 28; Colombia, 65; El Salvador, 45; Guatemala, 50; Venezuela, 35. La violencia también golpea a la economía latinoamericana. El coste de esta lacra se estima en un 14,2% del PIB regional, según el informe Crimen y Violencia en el Desarrollo del Banco Mundial.

Además, el tráfico ilícito de armas está cada vez más estrechamente ligado al narcotráfico. En Perú, hace unos meses, saltaron todas las alarmas cuando el Ejército comprobó que los resquicios de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso, hoy dedicada a la producción y venta de cocaína, tenían en su poder lanzacohetes RPG-7, ametralladoras pesadas y fusiles Kaláshnikov, todos de origen ruso. El rearme senderista ya ha costado la vida a medio centenar de soldados peruanos en 12 meses.

A finales de abril, los senderistas intentaron derribar el helicóptero en el que viajaba el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general Francisco Contreras. El coronel Jorge de Lama iba en el aparato. "Nos dispararon dos granadas de RPG, pero por suerte cayeron lejos. No creo que supieran que iba el general Contreras, simplemente apuntaron a un helicóptero militar que estaba en su zona", relata De Lama, refiriéndose al valle de los ríos Apurimac y Ene, la inaccesible zona de Ayacucho donde Sendero ha estado desde que se creó en los ochenta. El Ejército peruano se resiste a revelar las rutas de abastecimiento de armas de los senderistas, pero no se atreve a negar que el puerto amazónico de Iquitos es un agujero negro para la seguridad del país. A esta ciudad estaban destinados los 50.000 Kaláshnikov que Vladimiro Montesinos, el siniestro ex jefe de los servicios secretos peruanos durante el Gobierno de Fujimori, compró en Jordania. Sin embargo, 10.000 de esas armas acabaron en manos de las FARC. El resto nunca se entregó porque Ammán detuvo la operación.

Iquitos y la frontera entre los países andinos y Brasil, el golfo de Urabá, que une Colombia y Panamá, el triple límite entre Paraguay, Brasil y Argentina -zona donde Hezbolá tiene una fuerte influencia-, son algunos de los principales puntos de contrabando en la región. Sin embargo, Centroamérica y, en especial Guatemala y Nicaragua, han adquirido en los últimos años especial relevancia como puerta de entrada de los cargamentos.

Rangel recuerda que así como Nicaragua ya es clave en el comercio ilegal, Venezuela desempeña un papel relevante. Como buena parte de las armas que acaban en el mercado negro proceden de la policía y el Ejército -robadas o vendidas por los propios agentes o militares-, hay serios temores de que parte de los 100.000 Kaláshnikov que Caracas compró a Rusia acaben en manos de los narcos. Sin embargo, el mayor peligro, apunta Rangel, lo constituirá la fábrica venezolana, bajo licencia, de armas y municiones rusas.

Mientras que las armas abundan en la zona, las municiones escasean. El calibre 7,62 mm, que usan los fusiles rusos AK-103 adquiridos por Venezuela, es el más deseado por la región y en especial por las FARC, que aún poseen al menos 5.000 armas que necesitan esta munición. Hoy se consigue en Perú y Bolivia, pero en poca cantidad. La fabricación de este calibre en Venezuela ofrecerá a las narcoguerrillas una fuente ilimitada de municiones dentro del continente.

Aparte de los canales de tráfico de armas que se remontan a la época de auge de las guerrillas, en los setenta y ochenta, se han afianzado en la región aquellos controlados por el crimen organizado. Los intercambios de droga por armas que los carteles de la droga colombianos inauguraron a mediados de los noventa con la mafia rusa han proliferado. Así como la cocaína sale de Colombia, Perú y Bolivia hacia Europa a través de Venezuela, Ecuador y Brasil, las armas recorren el mismo camino en sentido contrario.

Adelaida Vásquez y Carolina Gabea son testigos casi a diario de este tráfico. Ambas son fiscales de Ciudad del Este, la urbe paraguaya pegada a Brasil y Argentina y uno de los mayores focos de contrabando de armas de Suramérica y paso del tráfico desde Brasil hacia Perú y Colombia. Tienen una queja común: pocos recursos y el enemigo en casa. "La policía nacional no sólo no nos ayuda, nos boicotea. Tenemos un grupo de agentes especiales, pero son pocos ante tanto delito", explica Vázquez, que sobre drogas y armas lo ha visto todo. "Una vez confiscamos una ametralladora antiaérea a unos narcos... no me lo podía creer", añade. Vázquez es de Ciudad del Este, pero Gabea lleva en la ciudad cuatro años, es de Asunción. "Es peligroso ser legal y trabajar acá, pero ¿sabe qué?, si uno se mantiene limpio el narco no suele meterse con uno. Es parte del juego", dice Gabea.

El auge de las pandillas y la necesidad de autodefensa han disparado el contrabando en la última década

J. L. / F. G. para elpais.com (Madrid), 25/05/2009

Que la importación de armas en América Latina haya crecido un 16% en 12 años no se debe sólo a la carrera armamentista de la que, por otra parte, todos los Gobiernos reniegan. Hay miles de personas que se blindan diariamente. Para defender su vida, la de sus familiares, sus propiedades. Pero también para delinquir. El Latinobarómetro del año pasado refleja la inseguridad que padecen los habitantes de la región, para quienes la delincuencia es el principal problema de sus países, por encima del paro.

La violencia es una pandemia que recorre de norte a sur la región desde hace décadas. Si en México el narcotráfico es el caldo de cultivo de la inseguridad ciudadana, en Centroamérica los crímenes de las maras provoca cantidad ingente de muertos. La probabilidad de que un joven de entre 15 y 24 años pueda ser asesinado en El Salvador o en Guatemala es 30 veces superior a la de un europeo, de acuerdo a un estudio de la Red de Información Tecnológica Latinoamericana. En el caso de los primeros, la tasa de crímenes juveniles es de 92,2 por cada 100.000 habitantes.

Según se desciende por el mapa, la violencia sigue inquebrantable en muchos países, aunque ya no tan asociada a las pandillas. En Venezuela se calcula que los homicidios entre 2007 y 2008 aumentaron un 11%, y que se han triplicado desde hace 10 años.

Colombia, asolada por el narcotráfico, y Brasil, son los otros dos lugares más violentos de la región, y al mismo tiempo donde se han registrado las primeras experiencias positivas de desarme de la sociedad. La gestión del Estado de São Paulo es un ejemplo. Gracias a la mejora de los transportes públicos, de la implantación de programas sociales y facilitar el trabajo en zonas donde la violencia era permanente, entre 1999 y 2004 se redujo la tasa de homicidios un 41%. En Río de Janeiro, la ONG Viva Río ha implantado programas de entrega de armas a cambio de algún beneficio para su portador. Un trabajo similar al que llevó a cabo la alcaldía de Bogotá hace ya una década al desarrollar en Navidad el Proyecto Regalos por Armas, que logró un descenso de los homicidios de casi un 30%.

Combatir el crimen y la violencia no es sencillo. Hay un componente histórico enclaustrado en la sociedad que ya ha impregnado a varias generaciones. “Dictaduras, guerras civiles, grupos armados… La violencia en la política de las últimas décadas ha quedado como un legado que influye en las relaciones sociales”, explica Laura Tudesco, investigadora de la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (Fride).

La relación entre el crimen urbano y las extremas condiciones en las que viven 230 millones de personas que son calificadas como pobres o indigentes en la región explica también la demanda de armas por la sociedad. “Lo que antes podría considerarse cultura de la pobreza está cada vez más relacionada con la violencia, la marginalidad y la hostilidad”, añade.

Más sangrante es la actitud de los Gobiernos ante este panorama. El control que se ejerce sobre el tráfico es prácticamente nulo. “Las industrias tienen relaciones muy fuertes con los Gobiernos. Muchas veces son los propios Gobiernos. El Estado debe brindar más seguridad, tratar de delimitar la proliferación de armas”, opina Diego Fleitas, de la Asociación de Políticas Públicas argentina, autor de un reciente informe sobre tráfico de armas en la región.

La mitad de la cooperación española va a América Latina - De la Vega viaja cada verano a supervisar los resultados

Por Ana Alfageme para El País, 18-08-08

La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, en su cuarto viaje oficial a la región, se ha centrado en la inversión española (pública y privada) en los cuatro países que, en 11 días, ha visitado: México, República Dominicana, Haití y El Salvador. Ha repetido que España no aplicará la directiva europea de retorno de inmigrantes y ha vendido con entusiasmo el proyecto para que los extranjeros puedan votar en elecciones municipales españolas. Pero, sobre todo, ha monitorizado la ayuda al desarrollo. Y ha querido recalcar que el compromiso para esta legislatura es llegar a donar el 0,7% del PIB. Queda por saber si se cumplirá.

Dos bebés que comen

Oader y Oudur chillan cuando los flashes acosan al sentarse junto su madre una mujer blanca, la vicepresidenta del Gobierno de España. La joven ni siquiera los mira. Probablemente, los dos bebés gemelos sean fruto de una violación múltiple. Pero al menos comen, aunque vivan en el suburbio más mísero de Haití, el país más pobre de América.

Siete monjas, cuatro de ellas españolas, se encargan de que mujeres que alumbran a niños tras haber sido forzadas aprendan a quererlos, y que éstos estén nutridos, y que 1.300 niños más paseen un impecable uniforme por el conglomerado infernal de chabolas de chapa que es su casa y la de otros 300.000 haitianos en una barriada de Puerto Príncipe cuyo nombre (Cité Soleil, Ciudad del Sol en francés) es una broma macabra.

En medio de esa selva de chamizos reventados por las balaceras, refugio de las bandas, está el colegio Rosalie Rendu de las hermanas de la Caridad, premio Príncipe de Asturias de Cooperación. Un recinto humilde pero con parterres, con aulas. Algo parecido a la seguridad. O no.

"En los últimos tiroteos, dormíamos debajo de la cama". Sor Pilar, una enérgica navarra que lleva 25 años en Haití y es la superiora del colegio, cuenta los enfrentamientos de principios de 2007, cuando los cascos azules de la ONU declararon la guerra a las bandas. "Hubo momentos en que el único coche que se respetaba era el nuestro, y una vez que nos evacuaron gritaban: '¡No se vayan, hermanas, si se van ustedes acaban con nosotros!". Pero las monjas nunca han dejado de alimentar a los críos. "Es la suerte que tenemos, por la cooperación internacional", dicen.

Desde la penumbra risueña del colegio, la vicepresidenta salió a dar un breve paseo por el paisaje de penuria. Niños semidesnudos se acercaban pidiendo dólares y acababan abrazados a ella, que miraba el horizonte interminable de miseria con gesto demudado. Al otro lado del hedor del río, hombres y mujeres sin futuro clavaban sus ojos sobre la comitiva. En Haití, más de la mitad de sus nueve millones de habitantes sufre una pobreza extrema. El Gobierno español gasta aquí al año 16 millones de euros, de los que 240.000 van al colegio. Ha multiplicado por 30 la ayuda. Desde la indignidad de Cité Soleil, suena a poco.

Pescado libre de fango

Un perro esquelético sorbe del regato pestilente frente al umbral de la casa de Marta. "Ya ve cómo estamos, no se puede vivir así". Un niño, quizá uno de sus nietos o de sus hijos (tiene 10), se asoma curioso. Unos metros más allá, los manglares y la bahía de Jiquilisco, en El Salvador, un paraíso de 63.000 hectáreas y enorme biodiversidad (fue reconocida en 2007 como Reserva de la Biosfera) que, como el resto del país, es el desagüe de una pequeña nación densamente poblada (siete millones de habitantes en una extensión como Badajoz). Sólo el 3% de las aguas se vierte después de ser tratada.

La vicepresidenta inauguró, entre banderitas de España y de El Salvador, una planta de saneamiento costeada casi totalmente por la cooperación española, con 540.000 euros en Puerto El Triunfo, uno de los extremos de la bahía. A partir de ahora, las aguas residuales del poblado, de 10.000 habitantes, ya no se verterán al humedal, un centro pesquero y marisquero del que viven 50.000 vecinos.

Al lado de la casa de Marta, en la otra punta del laberinto de manglares, en Puerto Parada, la delegación abrió un centro de interpretación ecológica, también fruto de la donación española. Si falta la pesca -que empieza a escasear, contaba un pescador-, hay esperanzas de que los turistas se acerquen. "Y ya tenemos nuestro bulevar adoquinado, que no sabe usted lo que significa eso", decía otro.

Agua limpia en Acapulco

"No puede ser que de los 4.400 millones de personas que viven en países en desarrollo, casi tres quintas partes carezcan de saneamiento básico y un tercio no tengan agua potable". Las palabras pronunciadas por la vicepresidenta española unos días antes en Acapulco (México) parecían insólitas. Acapulco suena a Frank Sinatra, a glamour de los años cincuenta, a margaritas al atardecer en hoteles de lujo.

¿Problemas de agua en uno de los destinos turísticos más famosos del Pacífico? Pero la bahía de una ciudad de 700.000 habitantes, rodeada por rascacielos y atascos a cualquier hora, esconde una cara peligrosa: es el desagüe de todo tipo de contaminantes insalubres, sobre todo en época de lluvias, cuando las tormentas arrastran desde bolsas de basura hasta perros muertos.

Las autoridades mexicanas reconocen que, tras el paso del huracán Paulina (1997), que dañó la red de saneamiento de Acapulco, ésta no funciona bien. Tampoco opera adecuadamente la planta potabilizadora, que tiene el riesgo de averiarse y verter agua contaminada a la red.

El Gobierno, que ha creado un Fondo de Cooperación para el agua y el saneamiento en Latinoamérica (1.074 millones en cuatro años, hasta 2012) va a costear con 35 millones la mitad del plan de saneamiento integral de la bahía de Acapulco y realizará el plan de viabilidad. El objetivo: que todos los vertidos al mar sean de aguas tratadas.

Estruendo de un barrio

Al final del barrio de Santa Bárbara, en el corazón de Santo Domingo, hay un muro en el que los niños han pintado personajes amables, fantásticos. Para neutralizar la masa de ladrillos que les separa de las calles limpias, las fachadas encaladas, los turistas de la zona colonial. Para olvidarse del hambre, de su imposibilidad de leer, de eso que Guillermo y Jean Jean, dos monitores de un taller de chavales, conocen tan bien. Unos chavales sonrientes se han subido a unos zancos para escenificar la petición de oportunidades culturales ante la vicepresidenta.

Desde hace más de una década, una planta generadora de electricidad atruena día y noche la barriada, y los atracadores campan a sus anchas, como le ocurrió hace pocos días a la hija de Francis, que se asoma a la puerta de su casa cuando pasa la comitiva española junto a su vecina Victoria, una anciana que señala la ensordecedora instalación junto al río.

La Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) pretende restaurar el barrio y hacer más salubres casas y calles, con 1,2 millones de euros en cuatro años. España es el primer donante internacional en el país, con 20 millones de euros entregados en 2007.